Veto presidencial en salario mínimo eleva tensión de cara a debate tributario

Un complejo precedente para las próximas negociaciones legislativas, que deberá enfrentar el gobierno, es lo que quedó como resultado tras la fallida tramitación del proyecto de ley que establecía un nuevo salario mínimo.

Ayer, tras una tensa jornada legislativa, la Cámara de Diputados terminó rechazando la propuesta del Ejecutivo, la cual subía la remuneración a $ 286.000 a partir del 1 de agosto y luego a $ 301.000 desde el 1 de marzo de 2019.

Como el veto debía ser aprobado tanto por la Sala de la Cámara Baja como por la del Senado, se entiende que no habrá ley sobre esta materia debido al rechazo explícito de una de ellas. Ante esto, la única alternativa del gobierno para concretar un reajuste del ingreso mínimo mensual es presentar una nueva iniciativa legal.

“Estamos dispuestos a dialogar y, por supuesto, vamos a agotar todas las instancias, porque no queremos que las revanchas políticas de algunos terminen perjudicando a los trabajadores más pobres. Nosotros estamos dispuestos a evaluar”, aseguró el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, tras la votación.

El envío de una nueva iniciativa legislativa fue confirmado por cercanos a Hacienda, quienes aseguraron que el nuevo proyecto ingresaría al Congreso el próximo lunes.

Mal precedente

“Este es el Congreso. A nosotros nos eligieron para votar aquí las leyes a favor o en contra, y si a posterioridad en la reforma tributaria, en la reforma de pensiones o en el presupuesto vamos a usar el veto para imponer lo que el gobierno quiere, muchos de nosotros que fuimos electos por la ciudadanía no lo vamos aceptar”, señaló ayer molesto el diputado de la Democracia Cristiana, Pablo Lorenzini.

La oposición ayer manifestó un duro rechazo en contra de la propuesta del gobierno, señalando que esto dificultará el diálogo de las otras iniciativas legislativas que el Ejecutivo busca impulsar, como la reforma tributaria, de pensiones y la modernización laboral.

El senador y excandidato presidencial, Alejandro Guillier, señaló a través de Twitter que esta tramitación es un “muy mal precedente para futuras reformas estructurales, que demuestra escasa voluntad para construir consensos”.

Esta es la primera vez en su segundo mandato que Sebastián Piñera ingresa un veto presidencial. Pero ya lo había hecho en su primera administración, en el entendido que se trata de una facultad exclusiva del Presidente de la República.

Entre 2010 y 2014, ingresó 13 vetos, de los cuales tres fueron respecto a proyectos de salario mínimo (2011, 2012 y 2013).

La negociación de 2013 fue la más compleja para la anterior administración de Piñera, ya que el veto -al igual que en esta ocasión-, fue rechazado por el Congreso.

Lo anterior, obligó al entonces gobierno a ingresar otra iniciativa legislativa que posteriormente fue retirada por no contar con el apoyo suficiente.

Al final ese año, al tercer intento, el gobierno logró promulgar un proyecto de salario mínimo luego de que la iniciativa fuera aprobada en una comisión mixta.

“Evidentemente, el gobierno esta tratando de instalar una estrategia, que es que cuando las mayorías -tanto en la Cámara como en el Senado- rechazan sus contenidos de proyectos de ley, ellos quieren forzar al Parlamento. La estrategia del Gobierno es chantajear porque ha perdido”, dijo el diputado PS, Manuel Monsalve tras la tramitación.

Una opinión similar entregó el diputado PC, Daniel Núñez, quien criticó que “el veto presidencial en salario mínimo manifiesta la porfía de Piñera por mantener un reajuste indigno que perpetúa la pobreza. Es un acto de autoritarismo y todo indica que Piñera lo volverá a usar si en medio del debate tributario peligra la rebaja de impuestos a los más ricos”.

Desde la oposición, recalcaron que lo rechazado fue la plurianualidad propuesta por el Ejecutivo, no lo guarismos, ya que aprobar eso significaba “quitarle el poder de negociar a los trabajadores”.

En tanto, desde el gobierno defendieron el ingreso del veto, señalando que fue rechazado “por una revancha política”.

“Aquí hay algo lamentable, porque los hechos y los números son realidades, aquí presentamos un reajuste que elevaba inmediatamente el sueldo mínimo a $286.000, que en marzo subía a $300.000 y que en 12 meses llegaba a $320.000 y lamentablemente este reajuste por razones políticas fue rechazado y este rechazo a los únicos que perjudica es a los trabajadores”, recalcó Monckeberg.

Al respecto, su par de Segpres, Gonzalo Blumel, agregó que “la oposición con tal de causarle un daño político al gobierno prefirió decirle que no al reajuste a 800 mil trabajadores que ganan el salario mínimo (...) nuestra prioridad no es cobrar revanchas políticas, sino que tengamos un buen reajuste de salario mínimo.

CUT exige a gobierno nuevo proyecto

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, hizo un llamado a que el gobierno ingrese un nuevo proyecto que respete lo que soberanamente aprobó el Parlamento sobre salario mínimo.
Desde la CUT insistieron que "toda otra forma de zanjar este debate soló pondrá en mayor evidencia que el interés del gobierno nunca fueron los trabajadores y sus necesidades, sino más bien su interés electoral, donde lo que se pretende es impedir una negociación de salario mínimo en años de elección municipal".
Yendo más allá, Figueroa expresó que esta "actitud antisindical y antitrabajadores es un sello de este gobierno, que se grafica a plenitud en lo que ha sido este tenso proceso de negociación" y que "hoy tiene a trabajadores y trabajadoras sin reajuste ya por segundo mes, y con el riesgo de llegar al mes de septiembre sin la garantía de tener un aumento de sus salarios".
La líder sindical reiteró que el llamado es a que "haya unanimidad en el planteamiento y que el gobierno respete lo que soberanamente el Parlamento sancionó, que no es ni ganancia total para ellos, ni ganancia total nosotros".
Sobre la ausencia de ayer en el Congreso del titular de Hacienda, Felipe Larraín, Figueroa dijo no saber si es una señal política, pero "a lo mejor ya hay unos ministros que están cansados de perder a cada rato, y están entendiendo que esta manera los está llevando al fracaso".

Una compleja tramitación legislativa

27/08
Rechazo del congreso
Tras no existir acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Senado, el día lunes sesionó de forma extraordinaria la comisión mixta para zanjar el futuro de la iniciativa.
Ese día, el Congreso aprobó el proyecto de ley que planteaba subir el salario mínimo a $286.000 a partir del 1 de agosto y posteriormente a $300.000 a partir del 1 de marzo de 2019, pero se rechazaba la plurianualidad propuesta por el Ejecutivo, la cual planteaba volver a negociar esta materia en marzo de 2021. Ante esto, el gobierno decidió presentar un veto.

28/08 10:00
Veto
El gobierno ingresó ayer un veto presidencial para insistir con la iniciativa, pero con algunos cambios. En concreto, la nueva propuesta mantenía en $286.000 el ingreso mínimo para agosto de este año, pero incrementaba en $1.000 el reajuste a marzo del 2019 situándolo en $301.000 y elevaba el reajuste automático en marzo de 2020 en cinco décimas, ubicándolo en IPC + 2,5%.
El documento fue analizado en sesión unida de las comisiones de Trabajo y Hacienda ayer, pero fue rechazado por 12 votos a favor y 14 en contra.

28/08 13:00
Votación en sala
El gobierno, a través del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg y el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, intentó hasta el último momento dialogar con los parlamentarios para obtener un resultado favorable en la Cámara Baja.
Sin embargo, tras un arduo debate, los diputados rechazaron la iniciativa por 55 votos a favor y 64 en contra. Luego de eso, se votó el texto aprobado el lunes por el Congreso, pero se rechazó por no alcanzar el quórum requerido.